El pasado 16 de julio, el gobierno lanzó públicamente la nueva empresa ferroviaria, una Sociedad Anónima de propiedad estatal, que se ocupará de operar el ferrocarril en nuestro país luego de cincuenta años de abandono. Si bien la empresa será de propiedad estatal, se regirá en el ámbito privado, los funcionarios dejarán de ser empleados públicos, y pasarán al sector privado.
Además, a través del ministerio de Transporte y Obras Públicas, fueron presentadas una serie de opciones para los trabajadores de AFE; que generaron polémica en la Unión Ferroviaria.
Las medidas anunciadas por el ministro Enrique Pintado y el subsecretario Pablo Genta, proponen un retiro “incentivado” para los funcionarios de AFE que al 31 de diciembre de 2014 tengan más de 58 años y 30 años de actividad. Además, Genta informó que en un nuevo artículo presentado en esta Rendición de Cuentas, se autoriza a la Sociedad Anónima operadora a realizar el transporte de pasajeros en el área metropolitana.
Por su parte la Unión Ferroviaria decidió no intervenir en los pasos siguientes y se retiró de las comisiones vinculadas a la reestructura ferroviaria.
En La Nueva Mañana, hablamos con Álvaro Fierro, vicepresidente de AFE, y con Carlos Aramendi, presidente Unión de Ferroviarios.
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