En los últimos tiempos Chile se ha visto sacudido por una serie de protestas que han alcanzado gran magnitud, poniendo en cuestión el modelo neoliberal heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Las movilizaciones estudiantiles que comenzaron en 2006 con la llamada “revolución pingüina” y que tuvieron su auge en 2011, son quizás las más significativas de estas protestas.
En respuesta a las manifestaciones, el 4 de Octubre de 2011 ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Orden público, de la mano del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, por lo cual este proyecto se conoce también como “Ley Hinzpeter”.
El proyecto de ley ha sido bastante criticado. Por un lado porque limitaría la libertad de expresión, y por otro lado por la ambigüedad y vaguedad del texto. Hasta el martes de la semana pasada, el proyecto de ley se proponía convertir en delito el “alterar la libre circulación de personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes”.
El martes de la semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la ley “en general”. La iniciativa contó con 57 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención. En la votación en particular varios artículos fueron rechazados.
En La Nueva Mañana, hablamos con María Belén Saavedra, Vicepresidenta de Amnistía Internacional- Chile
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