El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que el viernes aprobará nuevos recortes y no descartó el incremento de impuestos, para hacer frente al déficit del país que alcanzó el 10,6% en 2012 y el empeoramiento de las previsiones de crecimiento. La crudeza de la crisis económica ve a España con una tasa de paro que supera el 26 por ciento, según la última Encuesta de Población Activa, lo que está haciendo que muchos extranjeros se regresen.
En el marco de las medidas de austeridad que el gobierno lleva adelante en el Estado español, el gobierno regional madrileño está aplicando una serie de medidas que apuntan a modificar el sistema de salud pública de la capital española. Una de estas es la privatización de seis hospitales y 27 ambulatorios. Varios sindicatos y asociaciones profesionales de la salud denuncian que la privatización de la gestión de los centros asistenciales madrileños, lejos de conducir a un ahorro en las cuentas públicas, supondrá un gasto extraordinario de más de 136 millones de euros. Sumado al ahorro en la atención a los pacientes que el gobierno exige a las concesionarias, las privatizaciones implicarían graves desequilibrios en la financiación y en el acceso de los ciudadanos al sistema de salud.
Para profundizar en estos aspectos La Nueva Mañana dialogó con Gabriela Mordeki, Investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y con Antonio Liebana, Coordinador Anti privatización de la Sanidad Pública de Madrid.
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