Tres empresas estatales uruguayas (Ancap, Antel y OSE) firmaron un convenio para que jóvenes infractores privados de libertad se incorporen temporalmente a su plantilla y tengan su primera experiencia laboral.
El presidente del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU), Javier Salsamendi, destacó que el objetivo es impulsar hábitos de trabajo y capacitación para facilitar su reinserción social; esta experiencia «demuestra que los jóvenes responden a los estímulos de trabajo y estudio».
Según el sindicato del INAU, el ingreso de 300 nuevos funcionarios al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), «ha generado un impacto positivo en las condiciones de trabajo», pero esto se ha «visto empañadas por el significativo aumento de adolescentes privados de libertad».
En este marco, el sindicato del INAU se declara en «estado de alerta» y anuncia que podría adoptar medidas «mientras siga en peligro la integridad física de los trabajadores».
En La Nueva Mañana hablamos con el abogado Javier Palummo, magister en Políticas Públicas y derechos de la infancia e integrante de la Fundación Justicia y Derecho. Además, entrevistamos a Ivonne Martínez, directora planeamineto estratégico del SIRPA.
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